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El problema no son los conflictos en las familias, sino la incapacidad de resolverlos o de tratar de hacerlo siempre con violencia.
La última encuesta del Instituto de la Juventud en España que aborda las situaciones de conflicto señala que el 94% de los jóvenes entre 15 y 29 años "nunca" ha tenido enfrentamientos violentos con sus padres. Pero la realidad también muestra que los casos de menores que maltratan a sus padres —madres, en la inmensa mayoría— se han disparado en la última década, aunque en la mayoría de ocasiones se queden ocultos.
Desde 2007, más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España por agredir —física o psíquicamente— a sus progenitores durante la convivencia. El número de casos ha ido incrementándose hasta 2010, año en la que la Fiscalía detectó un cierto descenso con respecto a 2009 (4.995 frente a 5.201), aunque sólo se puede hablar, advierte en su última memoria anual, de cierta "estabilización" no de disminución.
CONTEXTO
Por lo general, los padres no saben qué hacer ante tales situaciones. El de la vía penal es el último paso que suelen dar las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución.
Profesionales que trabajan para cambiar estos patrones de comportamiento agresivos coinciden en que este problema suele ir relacionado con deficiencias graves en el proceso educativo del adolescente. Esta conducta violenta también puede ser síntoma de un trastorno psiquiátrico, pero en la mayoría de casos los menores que agreden a sus padres no sufren ninguna enfermedad mental.
Durante la adolescencia, una etapa crucial marcada por múltiples cambios mentales y físicos, los hijos necesitan tomar distancia de sus padres y es natural que den muestras de cierta rebeldía para reafirmar su personalidad. El problema no son los conflictos en las familias, sino la incapacidad de resolverlos o de tratar de hacerlo siempre con violencia.
Los menores que maltratan a sus progenitores suelen ser adolescentes que han recibido una educación autoritaria (control inflexible de los padres), permisiva (padres sobreprotectores, que no ejercen la autoridad y satisfacen inmediatamente los deseos del niño) o cuyos progenitores atraviesan momentos de extrema dificultad y no ejercen como tales dejando a un lado el cuidado y control del menor.
En general, estos jóvenes no han interiorizado límites y normas claros, no aceptan ningún tipo de control y son incapaces de asumir frustraciones. Su rendimiento escolar suele ser muy bajo. Se comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto —la violencia se limita normalmente al ámbito familiar—. Suelen ser menores con una identidad frágil, dependientes y que sufren un gran conflicto interior. Estos rasgos, unidos a un carácter muy impulsivo, forman una carga explosiva que golpea de lleno a su núcleo más cercano. Las víctimas son, en la inmensa mayoría de casos, las madres y, entre los agresores, hay una mayoría de varones, aunque se recluye a más chicas por maltrato que por otro tipo de delitos.
EN BUSCA DE UNA SALIDA
Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática en concreto, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja (696121212). Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social y, según fuentes sindicales, los frecuentes retrasos e impagos a ayuntamientos y entidades privadas que los gestionan están deteriorando la calidad de los servicios y forzando cierres en toda España.
"No hay una etiqueta diagnóstica que se adecue exactamente al fenómeno, estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50% de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico", explica María González, terapeuta de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense, donde se aplica desde 2007 un programa de intervención específica para menores -normalmente entre 13 y 17 años- con problemas de agresividad en el contexto familiar.
"Hay chavales que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio de la conducta violenta en la adolescencia. Estaban bien adaptados en el colegio, a nivel social y llega un momento en que empiezan a emitir comportamientos extraños y preocupantes", advierte. Cuando "un padre percibe que no es capaz de educar como considera oportuno a su hijo" debe pedir ayuda. "Las agresiones físicas no surgen de repente, van antecedidas de un conflicto verbal o psicológico. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego". Ella, junto al resto de terapeutas, ha 'acompañado' a 200 familias en los últimos cinco años a descender esos escalones "con mucho esfuerzo", a base de terapias con los menores y con sus padres en un proceso que suele durar entre nueve meses y un año, más otros 12 meses de seguimiento.
RECONSTRUCCIÓN DEL VÍNCULO
El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo, desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos; a nivel emocional, desarrollando la empatía y el autocontrol; y a nivel conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.
A la Clínica de Psicología son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias. La demanda es fuerte y la gente llega a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, lo cual es un indicativo de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.
INICIATIVA PRIVADA
Vista la situación, próximamente va a inaugurarse en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres deben firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.
Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.
Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".
Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".
ACCIÓN POLICIAL
Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.
Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
"En todas las guardias hay un caso de maltrato. Y desde el Juzgado cuidamos de que las madres no sufran y tratamos de transmitirle que tiene el apoyo de las instituciones y darle una respuesta", asegura Concepción Rodríguez, juez de menores del Juzgado de instrucción número 1 de Madrid. Durante 10 años ha trabajado para reconducir el camino de muchos de ellos y su balance es positivo: "Los comportamientos a ciertas edades sí se modifican. Hay que decirles a las madres que no tengan miedo, que no es algo que tenga que mantenerse oculto, hay que abordarlo y tiene solución con una intervención psicológica y pautas educativas".
Siempre se trata de que el proceso judicial se inicie de la forma más rápida posible, tanto para evitar mayores "perturbaciones" al menor como para darle a los familiares una protección inmediata, según subraya la Fiscalía en una extensa circular sobre el maltrato filioparental de 2010. Si el menor es detenido y puesto a disposición judicial, se puede incluso realizar una "instrucción acelerada" y decretar una "tutela cautelar", al correr riesgo la vida de la víctima ya que es habitual que las agresiones se intensifiquen cuando el maltratado se decide a dar el paso y denunciar los hechos.
LEY DEL MENOR
Para decidir la intervención más adecuada sobre ese menor y a familia, la Ley del Menor establece la obligación de investigar y elaborar un informe muy detallado sobre la situación sociofamiliar. "El informe, que es preceptivo —no se podría celebrar juicio sin él—, pero no vinculante, resulta muy valioso porque el juez conoce cuáles son las circunstancias del menor y en ocasiones sus propuestas sí se pueden llevar a cabo", explica Concepción Rodríguez.
Para la reeducación y reinserción de estos menores maltratadores, que no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, la Fiscalía opta normalmente por pedir medidas -no penas, como en la justicia penal de adultos- que no requieren la privación de libertad, como son la convivencia con grupo familiar o educativo, que se considera la más indicada, o la libertad vigilada. También se establece la posibilidad de que las familias lleguen a acuerdos extrajudiciales a través de la mediación en caso de violencia leve y cuando la convivencia es posible. Si existe reincidencia o es un delito de carácter especialmente grave se toman medidas más severas, como es la de internamiento en un centro de menores.
Todas las medidas vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares . La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja —el sistema judicial español no establece la posibilidad de obligarles— que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. Incluso cuando pesa sobre el menor una orden de alejamiento deben facilitarse esas terapias familiares.
"Estamos viviendo ese proceso de intentar darle respuesta lo mejor posible y hemos dado pasitos, pero nos encontramos a años luz de la respuesta existe ante otras violencias intrafamiliares, como el maltrato infantil o la violencia de género", resume Manuel Córdoba, director del centro de menores El Laurel.
Desde 2007, más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España por agredir —física o psíquicamente— a sus progenitores durante la convivencia. El número de casos ha ido incrementándose hasta 2010, año en la que la Fiscalía detectó un cierto descenso con respecto a 2009 (4.995 frente a 5.201), aunque sólo se puede hablar, advierte en su última memoria anual, de cierta "estabilización" no de disminución.
CONTEXTO
Por lo general, los padres no saben qué hacer ante tales situaciones. El de la vía penal es el último paso que suelen dar las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución.
Profesionales que trabajan para cambiar estos patrones de comportamiento agresivos coinciden en que este problema suele ir relacionado con deficiencias graves en el proceso educativo del adolescente. Esta conducta violenta también puede ser síntoma de un trastorno psiquiátrico, pero en la mayoría de casos los menores que agreden a sus padres no sufren ninguna enfermedad mental.
Durante la adolescencia, una etapa crucial marcada por múltiples cambios mentales y físicos, los hijos necesitan tomar distancia de sus padres y es natural que den muestras de cierta rebeldía para reafirmar su personalidad. El problema no son los conflictos en las familias, sino la incapacidad de resolverlos o de tratar de hacerlo siempre con violencia.
Los menores que maltratan a sus progenitores suelen ser adolescentes que han recibido una educación autoritaria (control inflexible de los padres), permisiva (padres sobreprotectores, que no ejercen la autoridad y satisfacen inmediatamente los deseos del niño) o cuyos progenitores atraviesan momentos de extrema dificultad y no ejercen como tales dejando a un lado el cuidado y control del menor.
En general, estos jóvenes no han interiorizado límites y normas claros, no aceptan ningún tipo de control y son incapaces de asumir frustraciones. Su rendimiento escolar suele ser muy bajo. Se comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto —la violencia se limita normalmente al ámbito familiar—. Suelen ser menores con una identidad frágil, dependientes y que sufren un gran conflicto interior. Estos rasgos, unidos a un carácter muy impulsivo, forman una carga explosiva que golpea de lleno a su núcleo más cercano. Las víctimas son, en la inmensa mayoría de casos, las madres y, entre los agresores, hay una mayoría de varones, aunque se recluye a más chicas por maltrato que por otro tipo de delitos.
EN BUSCA DE UNA SALIDA
Hasta hace cinco años los padres que sufrían maltrato no podían encontrar prácticamente ninguna ayuda pública especializada. Actualmente, existen programas que abordan esta problemática en concreto, como los servicios de orientación, atención psicológica o mediación familiar que se han ido extendiendo por gran parte del territorio nacional o incluso teléfonos de atención directa a padres maltratados, como el que puso en marcha hace un año La Rioja (696121212). Los recortes en las Administraciones regionales, no obstante, están haciendo ya mella en la atención social y, según fuentes sindicales, los frecuentes retrasos e impagos a ayuntamientos y entidades privadas que los gestionan están deteriorando la calidad de los servicios y forzando cierres en toda España.
"No hay una etiqueta diagnóstica que se adecue exactamente al fenómeno, estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50% de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico", explica María González, terapeuta de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense, donde se aplica desde 2007 un programa de intervención específica para menores -normalmente entre 13 y 17 años- con problemas de agresividad en el contexto familiar.
"Hay chavales que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio de la conducta violenta en la adolescencia. Estaban bien adaptados en el colegio, a nivel social y llega un momento en que empiezan a emitir comportamientos extraños y preocupantes", advierte. Cuando "un padre percibe que no es capaz de educar como considera oportuno a su hijo" debe pedir ayuda. "Las agresiones físicas no surgen de repente, van antecedidas de un conflicto verbal o psicológico. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego". Ella, junto al resto de terapeutas, ha 'acompañado' a 200 familias en los últimos cinco años a descender esos escalones "con mucho esfuerzo", a base de terapias con los menores y con sus padres en un proceso que suele durar entre nueve meses y un año, más otros 12 meses de seguimiento.
RECONSTRUCCIÓN DEL VÍNCULO
El primer paso que deben dar tanto los hijos como los padres para comenzar a reconstruir la relación ha de ser asumir parte de la responsabilidad. En esta Clínica, los psicólogos dan "habilidades" a las familias para relacionarse sin violencia: intervienen a nivel cognitivo, desmontando las justificaciones de los menores o clarificando pensamientos; a nivel emocional, desarrollando la empatía y el autocontrol; y a nivel conductual, trabajando la comunicación, que ambas partes sepan hablar, expresar críticas y recibirlas, mostrar afecto y solucionar los problemas.
A la Clínica de Psicología son derivados casos desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aunque también pueden llamar directamente las familias. La demanda es fuerte y la gente llega a esperar hasta tres meses sin encontrar otro recurso que se adapte a sus necesidades, lo cual es un indicativo de que las familias requieren y demandan una asistencia "integral" para superar esta problemática.
INICIATIVA PRIVADA
Vista la situación, próximamente va a inaugurarse en la localidad madrileña de Brea de Tajo un complejo privado que ofrece un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las familias con menores de entre 12 y 18 años con una conducta agresiva. Los jóvenes, sobre los que no pesa ninguna orden judicial, son internados entre dos meses y un año y tanto ellos como sus padres deben firmar un 'contrato terapéutico' que garantice su implicación.
Este 'Campus Unidos', gestionado por Ginso —una empresa con experiencia en centros de menores— y dirigido por el psicólogo Javier Urra, ocupa 15.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro chalés de 10 plazas, dos edificios para terapias y actividades de ocio y formación, pero el entorno vallado, las cámaras de vigilancia, el régimen disciplinario y las puertas blindadas de centros de reforma dejan claro que dista mucho de ser un campus convencional.
Esta iniciativa privada nace bajo una situación de "limbo jurídico" reconocida por el propio Urra. ¿Se puede recluir a un menor sin orden judicial? "Es cierto que para privar de libertad hace falta una orden judicial, pero es como cuando hablamos de personas que tienen un tipo de patología como el alcoholismo o drogadicción y se producen ingresos voluntarios. Hay que ir por la misma vía, que aquellos jóvenes que saben que tienen un conflicto con sus padres ingresen voluntariamente", subraya Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que aplaude tanto ésta como "cualquier iniciativa para mediar y evitar los conflictos que se pueden dar con los hijos".
Canalda subraya que aunque "las administraciones están trabajando mucho en el ámbito de la mediación" para este tipo de "patologías", no hay "recursos específicos o hay uno nada más" y esta "escasez de recursos limita mucho la posibilidad que tienen los padres" de recibir una asistencia gratuita. "Por eso surgen estas iniciativas, por complementar de alguna manera los medios que la administración no puede aportar" y menos aún "en un entorno de crisis, donde se están restringiendo mucho los gastos e intentar que la administración cubra todo resulta muy complejo".
ACCIÓN POLICIAL
Desde 2002, policías de paisano patrullan las calles de la ciudad de Madrid para detectar de forma temprana situaciones de riesgo en las que se puedan ver envueltos menores y prestan asistencia inmediata en centros escolares y domicilios. "Cuando los padres ya no saben dónde acudir y necesitan una figura de autoridad, acuden a la policía", explica Mariluz tras ocho años de contacto diario con familias y adolescentes en el distrito de Retiro. Estos agentes, que trabajan en estrecha colaboración con los Servicios Sociales, crean un clima de confianza y ejercen de mediadores para tratar de que mejore la convivencia. Orientan a los padres para que cambien su forma de relacionarse con su hijo, de educarle, y advierten al menor de las consecuencias de su comportamiento y tratan de marcarle nuevas pautas de conducta, entre ellas habitualmente, la de asistir a clase.
Se hace un seguimiento continuo, con llamadas y visitas tanto al domicilio como al centro escolar del menor, durante uno o dos años. No obstante, cuando se detecta un delito de maltrato actúan como fuerzas del orden público y el adolescente es detenido y puesto a disposición judicial, aunque los progenitores no quieran denunciar. "No podemos permitir que maltrate a sus padres. Sacarle de casa es lo último, pero a veces es necesario", advierte Mariluz.
"En todas las guardias hay un caso de maltrato. Y desde el Juzgado cuidamos de que las madres no sufran y tratamos de transmitirle que tiene el apoyo de las instituciones y darle una respuesta", asegura Concepción Rodríguez, juez de menores del Juzgado de instrucción número 1 de Madrid. Durante 10 años ha trabajado para reconducir el camino de muchos de ellos y su balance es positivo: "Los comportamientos a ciertas edades sí se modifican. Hay que decirles a las madres que no tengan miedo, que no es algo que tenga que mantenerse oculto, hay que abordarlo y tiene solución con una intervención psicológica y pautas educativas".
Siempre se trata de que el proceso judicial se inicie de la forma más rápida posible, tanto para evitar mayores "perturbaciones" al menor como para darle a los familiares una protección inmediata, según subraya la Fiscalía en una extensa circular sobre el maltrato filioparental de 2010. Si el menor es detenido y puesto a disposición judicial, se puede incluso realizar una "instrucción acelerada" y decretar una "tutela cautelar", al correr riesgo la vida de la víctima ya que es habitual que las agresiones se intensifiquen cuando el maltratado se decide a dar el paso y denunciar los hechos.
LEY DEL MENOR
Para decidir la intervención más adecuada sobre ese menor y a familia, la Ley del Menor establece la obligación de investigar y elaborar un informe muy detallado sobre la situación sociofamiliar. "El informe, que es preceptivo —no se podría celebrar juicio sin él—, pero no vinculante, resulta muy valioso porque el juez conoce cuáles son las circunstancias del menor y en ocasiones sus propuestas sí se pueden llevar a cabo", explica Concepción Rodríguez.
Para la reeducación y reinserción de estos menores maltratadores, que no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, la Fiscalía opta normalmente por pedir medidas -no penas, como en la justicia penal de adultos- que no requieren la privación de libertad, como son la convivencia con grupo familiar o educativo, que se considera la más indicada, o la libertad vigilada. También se establece la posibilidad de que las familias lleguen a acuerdos extrajudiciales a través de la mediación en caso de violencia leve y cuando la convivencia es posible. Si existe reincidencia o es un delito de carácter especialmente grave se toman medidas más severas, como es la de internamiento en un centro de menores.
Todas las medidas vienen acompañadas de la obligación de recibir un tratamiento terapéutico y pautas educativas orientadas al restablecimiento de la normalidad en las relaciones familiares . La implicación de los padres en la solución del conflicto es crucial por lo que siempre se les aconseja —el sistema judicial español no establece la posibilidad de obligarles— que reciban esa asistencia psicológica de orientación y apoyo. Incluso cuando pesa sobre el menor una orden de alejamiento deben facilitarse esas terapias familiares.
"Estamos viviendo ese proceso de intentar darle respuesta lo mejor posible y hemos dado pasitos, pero nos encontramos a años luz de la respuesta existe ante otras violencias intrafamiliares, como el maltrato infantil o la violencia de género", resume Manuel Córdoba, director del centro de menores El Laurel.
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